En Madrid se acaba de crear la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecadas Impagables. La integran 96 familias extranjeras que han adquirido un piso gracias a un crédito hipotecario y que ahora tienen problemas para pagar las cuotas.
La iniciativa surgió de las reuniones que se llevaron a cabo varios domingos, en la sede de la Asociación América-España Solidaridad y Cooperacion (Aesco).
Gustavo Fajardo, abogado de la entidad, levantó un informe del encuentro, en el cual se identifican los problemas principales de los asistentes. La lista es larga. En primer lugar figuran los multicréditos concedidos a una misma persona; esto surgió porque algunos bancos consintieron que los inmigrantes se avalaran mutuamente, es decir, que al mismo tiempo que obtenían un crédito para su piso, sirvieran de aval para otro u otros.
Esto, que fue bien visto en su día porque les permitía calificar para un crédito, ahora es una condena, porque si una persona de la red de avales solidarios deja de pagar, el banco persigue al avalista.
El inventario de problemas también incluye la venta indebida de seguros de las cuotas hipotecarias en el caso de desempleo. Otros bancos vendieron este tipo de seguros a sus clientes, aunque muchos no tenían contratos indefinidos, y ahora, una vez que están en el paro, las aseguradoras les niegan el pago de las cuotas, porque sólo tenían contratos de trabajo temporales.
Propuestas
El objetivo de esta asociación creada en torno a las hipotecadas impagables es aglutinar a las personas que atraviesan problemas de este tipo y buscar una salida, sin dejar de pagar las cuotas.
Una de las propuestas que se maneja es iniciar una demanda concursal voluntaria, esto es que cada persona se presente ante los Juzgados de lo Mercantil y convoque a todos sus acreedores, para negociar con ellos y aplazar los pagos. Esto, hasta ahora, ha sido más aprovechado por las empresas, como lo acaba de hacer la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, pero la ley concursal permite, desde septiembre del 2004, que también se presenten personas físicas.
Por otro lado, también se plantea la solicitud de la asistencia jurídica gratuita, y solicitar al Gobierno de España un decreto sobre la creación de un fondo de garantía hipotecaria, para apoyar a las personas que acrediten su imposibilidad de pago de sus respectivas viviendas.
Fuente: LatinoMadrid

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